En otro tramo de la entrevista por “Aire de Sábado”, el economista José Piñeiro Iñiguez se refirió a uno de los temas que domina la agenda local: el transporte público de pasajeros.
Fue notoria la repercusión que tuvieron las múltiples denuncias que tiene el prestador del servicio de transporte integrado en Misiones. ¿Cuánto pesa en el mundo la reputación de esas empresas al momento de recibir concesiones de servicios públicos que serán pagadas con el dinero de todos? ¿Se tiene en cuenta la reputación y los antecedentes?
El tema es central y tiene aristas realmente increíbles, pero hay que ponerlo en contexto.
Cuando dos privados se juntan para hacer un negocio deben tener el capital, saber hacer el trabajo de esta sociedad que van a componer y tener definido un tema central que se denomina “affectio societatis”, una especie de enamoramiento, una conjunción, una comunión entre los dos para poder ser socios, algo que va más allá del capital y del trabajo. Eso pasa entre privados.
¿Qué pasa cuando aparece el Estado en el medio? ¿El Estado puede tener “affectio societatis” con un privado?
No. El Estado con un privado no puede hacer sociedades porque carece del “affectio societatis”.
Generalmente lo que ocurre cuando interviene el Estado es que puede ser una empresa mixta, o una totalmente estatizada, o bien el Estado concede servicios a un privado, un servicio que es inherente al Estado y se lo otorga un privado para ser prestador de un servicio público.
¿Qué requiere de ese prestador?
Capital, idoneidad para hacer el trabajo. Pero fundamentalmente requiere de una cosa que es fundamental, el “character”, los atributos que debe tener esta persona para poder hacer el servicio.
Esta figura también la tiene un banco. Cuando esa empresa se presenta en una oficina bancaria y necesita un préstamo, el banquero no sólo ve la solvencia que esa persona tiene que tener, también observa si tiene capacidad de pago y demás. Lo más importante para concederte este préstamo y que el banco tenga una relación, una “relationships” con el cliente, es contar con el “character”.
Traslademos el concepto a una cuestión cotidiana.
Supongamos que vas a un banco por un crédito, pero resulta que estás endeudadísimo. El Banco Central te tiene en la máxima categoría de deudores incobrables, tenés juicios vinculados a la cuestión económica en distintos juzgados.
El banco lo observa y te hace entender que estás en el lugar equivocado. El banco incluso va más allá todavía y ve si tus ingresos provienen de una actividad lícita. Si estás trabajando, si lo que declaraste coincide con lo tenés, si tenés causas penales en curso.
Entonces tu forma, tu atributo, tu “character”, esa conjunción de valores que no son tangibles en dinero, me dicen si sos una persona extremamente confiable para poder brindarte el préstamo, así tengas una capacidad de solvencia más allá de la que necesita el repago ese préstamo.
Ahora transferimos el ejemplo a la pregunta inicial…
El Estado considera dos cosas: si la empresa tiene la capacidad económica para poder hacer frente al servicio y así garantizar que lo va a prestar bien; y analiza si los atributos que necesita son los necesarios, los básicos, los mínimos e indispensables.
Pareciese ser, en el mejor de los casos, que en el momento primario en el cual se concedió el servicio la empresa los tenía, pero analicemos un poco hoy el “character” de esta empresa.
Analizando e investigando un poco nos encontramos con que la empresa prestadora de transporte de Posadas tiene varias causas judiciales que se están dirimiendo en tribunales federales, en Comodoro Py.
Tiene varias causas en distintos juzgados. Y lo más importante de todo esto es establecer el origen de estas causas, porque todas parten de la defraudación al Estado público producto de malversación de los subsidios que el Estado paga. Defraudación por vía de subsidios producto de varias empresas que prestan el mismo servicio que en Posadas, pero en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires, siendo los mismos empresarios en ambas jurisdicciones.
¿La observación estatal debería ser mayor?
El Estado local, el provincial, debería tener un ojo de contralor y de auditor mucho más importante sobre esta empresa porque evidentemente la empresa no brinda la garantía, no tiene el “character”. Hablamos de juicios penales, denuncias e imputaciones, pero también procesamientos. Están esperando el juicio oral. Pero no termina ahí, sino que los accionistas de estas empresas aguardan el juicio oral privados de la libertad absoluta de sus movimientos, su situación judicial es complicada.
En otras palabras…
En el lenguaje de derecho esto sería a prima facie semiplena prueba de culpabilidad establecida a la espera de la condena. Estas cosas deberían tenerse en cuenta al momento de otorgar un servicio porque de otra manera pasa lo que está ocrurre hoy, un servicio que es pobre y absolutamente cuestionado que no cumple con las reglamentaciones establecidas por el Gobierno nacional. La semana pasada de hecho nos referimos a la no implementación de la tarjeta SUBE.
Después tenemos otra cosa muy llamativa: los ingresos y los egresos que se producen en función de el pago de subsidios y la recaudación de estas empresas por el servicio que nos cobra a todos se desconocen, no existe esa transparencia que debería ser absoluta.
¿Y por qué se da todo esto?
Pienso que este servicio y estos perfiles que no tienen el “character” poseen algunas cosas que son de manual, un poder desmedido, una soberbia extrema en cuanto a su funcionamiento, un avaricia infinita. Pretenden maximizar la rentabilidad a la enésima potencia.
Otra cosa que caracteriza a este tipo de empresas es “apagar” la noticia, el censuramiento, que el que el competidor no opine, que la unidad vecinal tampoco opine, que la prensa no diga absolutamente nada, que todo se mantenga en el ocultismo.
Al final estas empresas tienen una característica lindante con la marginalidad. Esto lo comprueban las causas judiciales y los procesamientos que tienen en otras jurisdicciones.
Me pregunto si, producto de estas investigaciones que aparecen en los diarios y que denuncian los consumidores en las redes, hay algún fiscal que actúe de oficio, que investigue este tipo de accionar de las empresas, que indague sobre estas dudas que presentan estos procesamientos.
¿Existe algún diputado o concejal que formule un pedido de informe y que el Estado responda?
Esta poca transparencia, este poco control, esta nula intención de rendirle cuentas a la sociedad y a los consumidores sobre lo que son los servicios públicos y sobre las concesiones que el Estado hace respecto de estos servicios es lo que va incrementando la soberbia de estas empresas o empresarios al prestar servicios.
Quisiera dejar una frase que se formuló hace unos 150 años: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Lo dijo el general José de San Martín y viene como anillo al dedo para recordarle al Estado que debe controlar a empresas que operan con soberbia… y con nuestra plata.
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