Luego de conocido el decreto por el que se habilitó a las empresas prestatarias del servicios de transporte público de pasajeros de Posadas, Garupá y Candelaria para poder trasladar personas paradas pero sin exigirles más frecuencias, continuaron las críticas pero también las propuestas.
La única entidad de defensa de los consumidores no gubernamental, reiteró el pedido a concejales y diputados misioneros para que habiliten más empresas que presten un servicio competitivo, lo que incrementará frecuencias en los diferentes barrios del área Metropolitana.
Rolando Gutiérrez, titular de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Misiones (CONSUMIS) recordó que propuso “toda mi vida que haya una competencia. La única solución es que el Concejo -si realmente quiere hacer las cosas- trace nuevas líneas y empiece a autorizar a que funcionen nuevas líneas y empresas”.
Eso se podrían conseguir si “el Concejo lo declara de interés público, porque Posadas necesita más líneas, hay que hacer el pedido a la Legislatura, por la necesidad de frecuencias y servicios”. Sin embargo sostuvo que “no hay voluntad política” para hacerlo.
Lamentó la falta de inspectores en Defensa del Consumidor para salir a controlar las prestaciones.
Consultado por qué no surgen iniciativas para abrir la competencia de las Audiencias Públicas, Gutiérrez sostuvo que a esas convocatorias “la gente va a hacer catarsis porque no te brindan información verdadera, ni de cuánto le cuesta el boleto a la empresa”.
El peligro de exponer a los pasajeros
Desde hace varios días rige la autorización para que viajen los pasajeros parados, es decir, con más capacidad ocupada por unidad. Al punto que los colectivos “integrados” podrían llevar hasta 100 usuarios por viaje.
Sobre el “blanqueo” de viajar parados en las unidades, el titular de la ONG CONSUMIS aseguró a FM de las Misiones 89.3 que “es normal que se tiren hacia el lado de la empresa. Cuando hay monopolios hacen exactamente lo que las empresas les van poniendo en el camino, como condición para seguir prestando un servicio, o porque tienen abultadas deudas con ellos”.
“Si una persona ingresa de contrabando al país, asintomática, y sube a un colectivo, es posible que caigan los que estaban viajando y sus familias”, advirtió.
A su vez, Gutiérrez sostuvo que “es bastante irresponsable no poner, como mínimo, un policía por unidad para ordenar los colectivos. Dice que puede ir un pasajero por cada pasamano, pero la gente y el chofer no van a poder controlar eso. Un agente del orden podría poner un poco de orden”.
Sin alcohol en gel en los colectivos
Medios de comunicación como Misiones Online y Misiones Cuatro han expuesto en los últimos días un relevamiento propio de unidades de colectivos en Posadas que no contaban con alcohol en gel para cuidado de los pasajeros.
“En un recorrido realizado por Misiones Online se constató que las unidades de la empresa Don Casimiro que circulan por la estación Quaranta de Posadas, no cuentan con el alcohol en gel, indispensable para la protección de los 60 pasajeros que ahora viajan en ese número en cada unidad.
Fuera de esa estación, la empresa Bencivenga sí cuenta con dispensar de alcohol para sus pasajeros”, describió el jueves pasado el diario digital.
“Muchos usuarios se quejaron por la falta de medidas de seguridad sanitaria en algunas empresas del transporte público de Posadas y el área metropolitana, tras haberse incrementado el cupo de pasajeros que pueden trasladarse en cada colectivo”, destacó MOL.
Sin definiciones de Escalante
Desde hace más de dos semanas, el juez Civil y Comercial Nº 5, Fernando Marcelo Adrián Escalante, no termina de resolver la demanda sumarísima de Casimiro Zbikoski SA contra PRIMERA EDICIÓN, molesto por una nota periodística en la cual agrupaciones de usuarios y el diputado Isaac Lenguaza (PAyS) cuestionaron que Misiones no adhiriera a la SUBE Nacional, incluso como medida previa al regreso de los millonarios subsidios que reciben las empresas.
Hay jurisprudencia suficiente en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte Interamericada de Derechos Humanos a favor de la libertad de expresión y de prensa, para entender lo descabellado que resultó el planteo empresario, en tiempos de pandemia donde la Justicia tiene sin resolver causas que esperan desde hace muchos años alguna resolución.
Cada día en que el magistrado Escalante siga sin zanjar el “capricho Z”, quien presta un servicio público pero le molestan las críticas a las prestaciones por parte de usuarios y representantes de la sociedad como también que un medio de comunicación como este Diario las publique; seguirá siendo un amedrentamiento vigente para las libertades garantizadas en la Constitución nacional y los Pactos internacionales que las protegen.
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