La presentación en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad encendió una fuerte señal de alarma en todo el país. Desde Misiones, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, la licenciada Tatiana Antúnez, cuestionó con dureza la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias: “Es una decisión peligrosa que puede afectar a todo el sistema de prestaciones y a miles de personas”.
En una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la funcionaria planteó que el contexto actual obliga a abandonar el tono optimista que muchas veces caracteriza al sector. “Nos gustaría dar buenas noticias, pero hoy tenemos que hablar con claridad. Hay cambios a nivel nacional que impactan directamente en la vida de las personas con discapacidad y es importante que se conozcan los riesgos”, sostuvo.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la eliminación del nomenclador único, que regula los valores de las prestaciones en todo el país. Para Antúnez, se trata de una medida clave que podría desestabilizar el sistema.
“El proyecto busca eliminar el nomenclador único, que es donde se establecen los costos y pagos a los prestadores. Esto va a desordenar el sistema y generar una mayor desigualdad entre quienes brindan servicios”, explicó.
Actualmente, ese esquema garantiza cierta equidad en los valores que pagan las obras sociales y prepagas, independientemente de la provincia. Sin ese marco, advierte, cada prestador deberá negociar individualmente.
“Vamos a pasar a un sistema donde cada profesional tenga que sentarse a negociar con la obra social. Eso genera desigualdad, porque no todos tienen el mismo poder de negociación. Y también impacta directamente en la calidad del servicio”, remarcó.
Riesgo de precarización y caída en la calidad de atención
La desregulación propuesta también genera preocupación en el plano laboral. Según Antúnez, podría derivar en una fuerte precarización del trabajo de los prestadores.
“Hoy tenemos un sistema que, con dificultades, funciona. Los profesionales pueden cobrar con cierta previsibilidad. Pero con este cambio se abre la puerta a una negociación desigual que puede terminar en salarios más bajos y condiciones más inestables”, indicó.
A su vez, advirtió que esto repercutirá directamente en los usuarios: “Cuando se precariza al prestador, también se deteriora la calidad de las prestaciones. Y en discapacidad no estamos hablando de servicios opcionales, sino de necesidades básicas”.
En ese sentido, fue contundente: “Una persona con discapacidad no puede usar cualquier silla de ruedas o cualquier insumo. Todo debe estar adaptado a su necesidad. Si eso queda librado al mercado, se pierde calidad y se vulneran derechos”.
Coberturas en duda y más desigualdad en el acceso
Otro de los temores es que las obras sociales comiencen a limitar o recortar prestaciones. “Hoy existe un marco legal que obliga a cubrir determinadas terapias, tratamientos e insumos. Con esta desregulación, eso puede empezar a cambiar”, explicó.
Antúnez planteó un escenario preocupante: “Vamos a tener sistemas de salud de primera y de segunda. El que tenga más recursos accederá a mejores prestaciones y el que no, quedará relegado. Eso rompe con el principio de igualdad que hoy, con dificultades, se sostiene”.
También puso en duda el futuro de las indicaciones profesionales: “Hoy un especialista puede definir la cantidad de terapias que necesita una persona y hay un respaldo legal. No sabemos cómo se va a sostener eso con este nuevo esquema”.
Pensiones bajo revisión: la polémica “suspensión preventiva”
El proyecto también introduce cambios en el sistema de pensiones no contributivas, incorporando la figura de “suspensión preventiva”, otro de los puntos que genera fuerte rechazo.
“El que no se reempadrone o no esté dentro del sistema puede sufrir la suspensión de su pensión. Esto habilita al Estado a cortar el beneficio incluso si la persona no fue notificada correctamente”, advirtió.
La funcionaria recordó antecedentes recientes: “Esto ya pasó con auditorías que fueron muy cuestionadas, donde muchas personas perdieron su pensión sin siquiera haberse enterado”.
Además, alertó sobre las dificultades estructurales: “En zonas rurales, la información no siempre llega a tiempo. Entonces una persona puede quedar fuera del sistema por cuestiones ajenas a su voluntad”.
Trabajo y discapacidad: un retroceso en inclusión
Otro aspecto cuestionado es el cambio en la compatibilidad entre empleo y pensiones. Según Antúnez, el proyecto implica un retroceso en materia de inclusión laboral.
“La discapacidad no significa que la persona no pueda trabajar. Este proyecto vuelve a una mirada más restrictiva, como si solo correspondiera asistencia a quien no puede desempeñar ninguna actividad”, sostuvo.
En contraposición, defendió el modelo actual: “Es importante que las personas puedan trabajar y, al mismo tiempo, contar con un respaldo del Estado. Porque el mercado laboral es inestable y no siempre garantiza continuidad”.
Frente a este escenario, organizaciones del sector convocan a movilizaciones en distintos puntos del país para rechazar la iniciativa. “Hay una gran preocupación y por eso se está llamando a manifestarse para visibilizar lo que está pasando”, indicó Antúnez en la entrevista con el programa El Aire de las Misiones.
Antúnez también lanzó una crítica directa al Gobierno nacional: “Hay un ensañamiento muy fuerte con el área de discapacidad que no se entiende”.
En esa línea, cuestionó la falta de información sobre recursos específicos: “No sabemos qué está pasando con el Fondo Nacional de Discapacidad. Son fondos que se siguen recaudando, pero no hay claridad sobre su destino ni convocatorias abiertas”.
Un escenario de incertidumbre
La presidenta del Consejo Provincial cerró con una advertencia que resume el clima de preocupación en el sector: “Estamos frente a decisiones que pueden generar un gran retroceso. Se pone en riesgo un sistema que, con falencias, garantizaba derechos básicos”.
Y concluyó: “Es fundamental que la sociedad entienda lo que está en juego, porque no es un tema sectorial: estamos hablando de la calidad de vida de miles de personas en todo el país”.
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