Aunque no pueden cobrar las cuotas a sus alumnos, las escuelas públicas de gestión estatal manejan dinero: por un lado los fondos que vienen desde programas nacionales y provinciales para distintas mejoras; y por otro las actividades que la comunidad educativa se ve obligada a organizar para hacer frente a los gastos de insumos de limpieza, reparaciones menores y hasta para pagar al personal de servicio.
Con el propósito de transparentar el manejo del dinero en los establecimientos educativos, se presentó un proyecto de ley provincial “para que todas las escuelas de la provincia cuenten con cooperadoras con personería jurídica bien conformada y pagada por el Ministerio de Educación, porque hay cooperadoras con padres de escasos recursos que hacen lo imposible para llevar adelante los gastos de la escuela donde estudian sus hijos”, indicó la autora del proyecto, Gladys Cornelius, de Juntos por el Cambio, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
“El proyecto surge a partir de la problemática de la EPET 1 de Posadas donde los padres se quejaban que no sabían qué subsidios llegaban al colegio, cómo se rendían… entonces nos pidieron que tratemos de regularizar las operadoras”, contó la legisladora.
Control de los fondos
“Necesitamos que haya una cooperadora para controlar los gastos y subsidios. Sabemos que a través del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd) llegan subsidios a las escuelas y hay papás que no están enterados ni para qué son estos fondos, quiénes ejecutan estas obras ni quién las hace… todo está a cargo del director y algunos colegas”, señaló Cornelius, docente de profesión.
A su entender, es necesaria la personería jurídica de las cooperadoras, “y que se reúnan cada seis meses, que trabajen, que pidan asambleas cuando amerite y que sean escuchados, tantos los papás como los maestros”.
Según recordó la Legisladora, “yo era directora de una escuela y sé los gastos que generan. Hoy un cilindro de gas de 45 kilos está cerca de 20.000 pesos ¿de dónde se saca ese dinero? Como no podemos cobrar cooperadora a los niños, entonces hay que trabajar porque el Estado tampoco se hace cargo de estos gastos: limpieza, lavandina, detergente… en mis 32 años de servicio jamás vi que el Estado colabore en elementos de limpieza e higiene, a excepción de cuando volvimos a la presencialidad después de la pandemia”.
Informe de manejo de fondos
En tanto, indicó que cuando no hay cooperadora escolar formalmente constituida, la responsabilidad recae en el director y si este no informa, “los papás tienen que acercarse a la escuela y pedir al director que informe y/o acercarse a la supervisión escolar y pedir informes ahí”.
No obstante, en muchos casos, los padres no consiguen estos informes que dan cuenta sobre el ingreso de los fondos y el destino de los mismos. “Incluso, desde el bloque e interbloque de la Cámara de Diputados pedimos varios informes por sospecha de irregularidades al Consejo General de Educación (CGE) y nunca recibimos respuestas. Hay directores que están apañados, esa es la realidad que nos compete”, admitió.
Cornelius señaló que sí lograron que se aceleren los trámites dentro de su ámbito “pero siempre hay una excusa o algo más para hacer por la que nunca recibimos respuesta en el bloque e interbloque. Pero si todos estamos informados, todos podemos controlar. Es más transparente”.
Según indicó, los directores de escuelas son administradores de la institución, “es como el ministro de economía de su escuela y, dentro de su responsabilidad, un buen director gestiona hasta la última gota de sudor para llevar adelante la escuela y que ésta no caiga”.
Advirtió además que casi siempre los fondos recibidos son insuficientes, como ocurre con el servicio de comedor escolar. “Es irrisorio lo que están enviando, una escuela de jornada extendida con 242 alumnos de escuela -donde los chicos desayunan, almuerzan y meriendan- recibe 253.566 pesos mensuales para 20 días hábiles de clases, o sea 52 pesos por alumno por día. ¿Quién desayuna, almuerza y merienda con esa plata?”, inquirió.
Advirtió que la falta de cobertura por el trabajo de la cocinera es otro problema, en el mejor de los casos, “las cocineras cobran por cuatro horas de trabajo unos 90.000 pesos y ese tiempo no alcanza cuando hay que cocinar para más de 200 alumnos… solo para pelar las papas se tarda cuatro horas.
Entonces, los papás hacen rifas y ventas de empanadas o pastafrola para pagar cuatro horas más a la cocinera. Detrás de todo esto tiene que estar el directivo”.
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