El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Congreso volvió a encender la discusión sobre el mercado de alquileres en Argentina. La iniciativa propone reducir a tres días el plazo de intimación por falta de pago y habilitar procedimientos de desocupación más rápidos, incluso sin sentencia firme. En ese escenario, desde organizaciones de locatarios advirtieron sobre el impacto social que podría generar una medida de ese tipo en medio de la crisis económica.
El presidente de la Asociación de Inquilinos de Córdoba y referente nacional del sector, Maximiliano Vittar, expresó su preocupación durante una entrevista en FM de las Misiones y sostuvo que el contexto actual vuelve “muy peligroso” avanzar con una normativa de esas características. Según planteó, el debate no puede quedar limitado únicamente a la defensa de la propiedad privada sin contemplar la situación económica que atraviesan millones de familias.
“Cualquier tipo de iniciativa primero tiene que saber cuál es el objetivo y segundo el contexto en el cual se desarrolla”, afirmó. En esa línea, recordó que desde el espacio ya habían advertido sobre las consecuencias de la desregulación aplicada tras la derogación de la ley de alquileres.
El dirigente remarcó que la liberalización del mercado no produjo los resultados prometidos por el Gobierno nacional y sectores inmobiliarios. Explicó que, aunque aumentó la oferta de inmuebles, eso no se tradujo en una mejora para quienes alquilan ni en una reducción del peso que representa el pago mensual dentro de los ingresos familiares.
“A pesar de que planteaban que el aumento de la oferta iba a permitir negociar mejores condiciones, la realidad es completamente contraria”, señaló Vittar. Además, sostuvo que actualmente muchas personas destinan gran parte de sus salarios únicamente a sostener un techo.
Durante la entrevista, el referente también hizo foco en el nivel de endeudamiento que existe entre quienes alquilan. Citó informes recientes y aseguró que alrededor del 70% de las familias inquilinas mantiene deudas vinculadas a gastos esenciales.
“Se están endeudando para comer, para brindarle educación a sus hijos, para garantizar la salud y también para poder tener un techo”, describió. A su entender, avanzar con desalojos acelerados en ese escenario profundizaría aún más la desigualdad entre propietarios y locatarios.
Uno de los puntos que más cuestionó Vittar tiene relación con la posibilidad de ejecutar una desocupación sin sentencia firme. Consideró que el proyecto coloca bajo una misma lógica situaciones completamente diferentes, como una usurpación y un incumplimiento contractual derivado de dificultades económicas.
“Están tratando de igualar una ocupación ilegal con alguien que no está pudiendo cumplir con sus obligaciones, pero no por una decisión propia sino por un contexto que no lo ha acompañado”, manifestó.
El dirigente también se refirió al plazo de tres días previsto para la intimación de pago y lo calificó como insuficiente. Según explicó, existen numerosos trabajadores que cobran salarios en cuotas o perciben haberes atrasados, por lo que una demora breve podría derivar rápidamente en una situación extrema.
“Puede haber un trabajador al que le pagan el cincuenta por ciento del sueldo el día quince y el resto a fin de mes. Si el propietario no acepta esperar unos días, queda afuera igual aunque tenga voluntad de pagar”, ejemplificó.
En otro tramo de la conversación, Vittar sostuvo que los niveles de incumplimiento no justifican una reforma tan severa. Indicó que, incluso con el deterioro económico de los últimos meses, la gran mayoría de los inquilinos continúa abonando en tiempo y forma.
“Hoy el noventa y tres por ciento cumple con el alquiler”, afirmó. Y agregó que la mora existente no responde a una intención de dejar de pagar, sino a la pérdida de ingresos y a las dificultades laborales que atraviesan numerosos hogares.
A la vez, reconoció que existen propietarios afectados por ocupaciones prolongadas y conflictos judiciales extensos, aunque insistió en que esos casos no representan la realidad general del mercado. Para Vittar, el riesgo es que el debate termine construyendo una imagen negativa sobre millones de personas que alquilan.
“Los inquilinos no tienen vocación de iniciar un contrato para usurpar una vivienda ni para incumplirlo”, sostuvo. Según explicó, muchas familias resignan alimentación, salud o consumos básicos con tal de no perder la vivienda.
Sobre el final de la entrevista, el referente reclamó a los legisladores que analicen la situación social antes de avanzar con el tratamiento parlamentario. “Que miren el contexto y lo que está sucediendo en la calle”, pidió.
Además, cuestionó que algunas discusiones políticas se desarrollen alejadas de los problemas cotidianos de la población. “Hay una disociación con la realidad de la gente de pie”, concluyó.
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