La apertura de una nueva etapa de retiros voluntarios dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) volvió a profundizar el clima de incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del organismo. Así lo describió en FM 89.3 Santa María de las Misiones Silvina Fariza, secretaria general de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) en Misiones e investigadora de la Estación Experimental Cerro Azul, quien aseguró que existe un fuerte temor por el futuro de la institución y denunció que el objetivo del Gobierno nacional sería avanzar con una reducción de al menos 1.500 puestos de trabajo.
“Todos los trabajadores del Estado de alguna u otra manera venimos siendo increpados y violentados muy fuertemente por el Gobierno nacional. Seguimos en una incertidumbre permanente porque realmente no sabemos qué va a pasar con la institución y mucho menos con los trabajadores del INTA”, sostuvo.
La dirigente explicó que este lunes se abrió la segunda etapa de retiros voluntarios, aunque aclaró que desde el gremio consideran que se trata de “despidos encubiertos”. Según detalló, muchos trabajadores terminan adhiriéndose no tanto por conveniencia económica, sino por el desgaste emocional y el miedo a una futura desvinculación.
Fariza recordó que los retiros voluntarios no son nuevos dentro del organismo y que ya existieron durante la década del 90. Además, señaló que en 2025 hubo una primera tanda en la que se sumaron alrededor de 300 trabajadores de todo el país. Sin embargo, afirmó que las condiciones actuales son menos favorables que las del año pasado porque ya no se computa la antigüedad de quienes estuvieron en planta no permanente y porque el cálculo económico cambió.
En ese contexto, advirtió que el número que viene planteando desde fines de 2024 la conducción nacional del organismo, encabezada por Nicolás Bronzovich, es una reducción de 1.500 trabajadores. “Nosotros teníamos una planta de unas 6.700 personas y hoy quedamos en aproximadamente 5.500 o 5.700. Entonces la pregunta es cómo piensan llegar a esos 1.500 menos que plantea el Gobierno”, señaló.
Actualmente el INTA cuenta con unas 37 estaciones experimentales y alrededor de 300 agencias de extensión distribuidas en todo el país. En Misiones funcionan las estaciones de Cerro Azul y Montecarlo, además de 17 agencias territoriales que brindan asistencia técnica a productores.
Para Fariza, el problema ya no pasa solamente por la incertidumbre laboral, sino también por el funcionamiento cotidiano de la institución. “Hoy el INTA está con cero presupuesto. Lo único que llega alcanza para pagar luz, agua y seguridad. Para investigación y extensión, que son nuestras principales funciones, no existen recursos”, afirmó.
La investigadora sostuvo que esa situación afecta directamente la planificación de proyectos y tareas técnicas, pero también tiene un fuerte impacto humano dentro de las áreas de trabajo. Según describió, muchos trabajadores atraviesan situaciones de angustia, endeudamiento y temor frente al escenario actual.
“Además de trabajar, hoy muchos estamos cumpliendo un rol de contención con compañeros que están asustados, preocupados y que no llegan a fin de mes. Hay trabajadores muy endeudados y tratando de sostenerse emocionalmente”, relató.
El impacto sobre el sector productivo
Fariza también puso el foco sobre las consecuencias que podría tener el ajuste para los pequeños y medianos productores, especialmente en provincias como Misiones, donde el sistema agrícola depende fuertemente del acompañamiento técnico público.
Explicó que las agencias de extensión cumplen un rol central porque son las encargadas de asistir a productores frente a problemas sanitarios, plagas o dificultades productivas. Cuando esas situaciones no pueden resolverse en territorio, intervienen las estaciones experimentales junto con investigadores especializados.
Sin embargo, remarcó que el escenario misionero es muy distinto al de la zona núcleo agrícola del país. “Nuestros productores no están acostumbrados a pagar asesoramiento privado. En otras regiones el productor contrata ingenieros agrónomos o veterinarios de manera particular, pero acá el productor se acerca a las agencias y recibe asistencia técnica pública”, explicó.
En esa línea, sostuvo que detrás del ajuste existe una intención de avanzar hacia un esquema privatizado de acompañamiento técnico rural. “El Gobierno nacional está detrás de eliminar las agencias de extensión para privatizar este acompañamiento”, afirmó.
La dirigente advirtió que, de profundizarse el desmantelamiento del organismo, podrían desaparecer capacitaciones, jornadas técnicas y actividades de acompañamiento territorial que históricamente formaron parte del trabajo cotidiano del INTA.
Consultada sobre el respaldo político e institucional, reconoció que existe cierto acompañamiento de entidades agropecuarias y del Consejo Directivo del organismo, aunque consideró que la pelea es desigual y que las tensiones con la conducción nacional del instituto dificultan cualquier salida.
También manifestó preocupación por la situación de unos 800 trabajadores de planta no permanente, a quienes definió como el sector más vulnerable frente a posibles recortes.
Finalmente, la dirigente gremial admitió que dentro del propio organismo existe miedo y desmovilización. “Muchos creen que mientras menos se expongan, menos posibilidades tienen de ser afectados. Pero acá no importa si trabajás más o menos o si te mostrás o no. Si aparecés en una planilla de ajuste, te toca igual”, sostuvo.
Y cerró con una definición que sintetiza el clima interno que atraviesa actualmente el organismo: “El INTA tiene 70 años de historia y pasó por todos los gobiernos. No es la primera vez que intentan ajustarlo, pero hoy sentimos que estamos bastante solos peleando esta situación”.
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