A partir de este 1° de julio comienza a regir en Misiones la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles fiscales de ruta para la mayoría de los pequeños y medianos contribuyentes. La medida, reglamentada mediante la Resolución General 329 del Ministerio de Hacienda, representa uno de los anuncios realizados por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de sesiones legislativas del pasado 1° de mayo y genera expectativas en distintos sectores productivos, especialmente en la actividad forestal.
En diálogo con FM de las Misiones, el ingeniero forestal, consultor y exvicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Nicolás Ocampo, celebró la decisión y consideró que permitirá brindar un respiro a las pequeñas y medianas industrias en un contexto económico complejo.
En ese sentido, explicó que la eliminación del pago anticipado difícilmente alcance para impulsar por sí sola una recuperación de la actividad y reclamó que el Gobierno nacional también avance en las medidas de rebaja impositivas.
En ese sentido, argumentó que la mayor carga tributaria proviene del ámbito nacional y precisó que cerca del 70% de los impuestos que gravan a un producto forestal corresponden al Estado nacional. “El restante se podría decir que es una ayuda de la provincia, pero para empezar a competir y desarrollarnos se necesitan decisiones del Gobierno nacional”, afirmó.
Entre los factores que afectan la competitividad mencionó el incremento de los costos del combustible y la energía, además del atraso cambiario. A su entender, todos esos elementos conforman un escenario que dificulta el desarrollo de la industria forestal misionera.
Respecto de las inversiones, Ocampo describió un panorama dispar. Señaló que los grandes proyectos podrían encontrar oportunidades mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque remarcó que la mayor preocupación pasa por el presente de las pequeñas y medianas empresas.
“Para el sector PyME el panorama es oscuro”, resumió. En esa línea, insistió en la necesidad de impulsar herramientas específicas para fortalecer a las industrias locales, al considerar que son las que sostienen el empleo, la producción y la conservación de los recursos naturales en la provincia.
Ocampo recordó que el régimen de Ingresos Brutos- que rigió hasta hoy- obligaba a las firmas a adelantar recursos antes de concretar sus operaciones comerciales, situación que generaba complicaciones para administrar el capital de trabajo. Según indicó, muchas compañías todavía esperan la devolución de montos retenidos hace años.
“Era un impuesto que se cobraba con anticipación y llevaba su tiempo. Hay muchos casos en los que pasaron años y no se devolvió”, señaló. A su criterio, esa situación provocaba “distorsiones en la previsibilidad” de cada empresa, afectando las posibilidades de reinversión y la planificación financiera.
Si bien reconoció que aún existen reclamos pendientes por devoluciones, sostuvo que el sector observa con optimismo el nuevo esquema. “Que no se retenga esto ya es un alivio para las diferentes PyMEs del sector para aguantar un poquito más ante esta crisis”, manifestó.
Al analizar el escenario productivo, diferenció la realidad de las grandes industrias exportadoras respecto de los aserraderos de menor escala. Explicó que algunas compañías logran mantener operaciones en mercados externos, aunque con márgenes muy reducidos, mientras que los establecimientos más pequeños enfrentan mayores dificultades por la caída del consumo interno.
“Los propietarios de las empresas te dicen que están exportando al costo para mantenerse”, comentó. Al mismo tiempo, advirtió que “los que están atravesando la situación más crítica son las industrias más chicas, los pequeños y medianos aserraderos, que no tienen la espalda para sostenerse ante esta falta de consumo”.
Finalmente, propuso avanzar en una reducción de la presión impositiva nacional, especialmente del IVA, para acercarlo a los niveles que rigen en Paraguay, donde la alícuota es del 10%. Además, planteó la implementación de créditos blandos tanto para fortalecer la capacidad productiva como para estimular el consumo y la construcción privada.
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