Esta semana, a partir del incidente que involucró a Felipe Pettinato, por el cual se cuestionó el funcionamiento de la Ley 26.657 de Salud Mental, se instaló un debate a nivel nacional que se centró especialmente en el régimen de internaciones psiquiátricas y en el accionar frente a estos pacientes. En ese marco, en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la psiquiatra Cintia Diplotti sentó postura y afirmó que “en circunstancias de urgencia, de peligro para el paciente y para terceros, la ley nos limita exponencialmente en cuanto a los tiempos”.
Esto tiene que ver con que la legislación establece que las internaciones psiquiátricas deben ser una última alternativa, cuando ya se hayan agotado las medidas terapéuticas disponibles, lo más breves posibles y bajo una orden judicial o la de al menos dos psiquiatras que den constancia que la persona debe ser internada.
Es así que “durante el episodio de un paciente, si no se acude a la guardia con policías o una orden de dos médicos, no lo internan y se tiene que esperar la disposición de un juez, algo que tarda días porque éstos tienen muchas causas por delante”, explicó la especialista.
Esta situación (de no poder internar al paciente), desencadena, a su vez, una problemática mayor ya que en plena crisis, “terminan cometiendo algún delito como incendio, homicidio, daños, amenazas; y por ende terminan presos, una situación lamentable que vemos todos los días como psiquiatras”, indicó.
Es ahí cuando la ley deja de ser producente y deja entrever, según Diplotti, que no se ha debatido lo suficiente antes de ser aprobada en el año 2010, “no han llamado a colegios, ni asociaciones de protección al paciente, ni a universidades de medicina para discutir esta ley”.
Por otro lado, a esta cuestión se suma que son pocas las instituciones que cuentan con guardias psiquiátricas en Misiones y algunas cuentan solamente con guardias pasivas de psicólogos, no de psiquiatras.
En esos casos, para asegurarse que se haga efectiva la internación, y que las instituciones no se nieguen a ella, “hay que acudir con la legislación en mano y el papel donde psiquiatras certifiquen que esa persona debe ser internada”, indicó.
Traslados a cargo de la policía
Por otra parte, otra de las cuestiones que puso en discusión la médica fue que, en los casos de internación involuntaria, el personal que recurre en búsqueda del paciente es la policía.
“No es la forma, no son delincuentes, son personas con un problema de salud mental”, indicó en referencia a que el personal de seguridad no es el más indicado para realizar este trabajo.
En ese marco recordó el caso ocurrido en julio del año pasado que tuvo como protagonista a Chano Charpentier que, tras ser abordado por la fuerza de seguridad, en medio de un brote psicótico, atacó al policía y recibió un tiro que puso en peligro su vida. Respecto a eso, “una persona que está fuera de su estado mental, que está delirando, que piensa que la persiguen, que corre peligro, que la amenazan, que la van a matar o envenenar, ve al policía y se va a defender porque está en una situación de estrés terrible, es muy difícil contenerla cuando llega a esos estados de excitación”, explicó.
Sin embargo, reconoció que, hasta el momento, por la falta de recursos, es la única alternativa encontrada para dar respuesta a la problemática, “después de preso, se declara la inimputabilidad y recién después sale”, afirmó.
Asimismo, la ley establece que debería haber un órgano de mediación que controle que los pacientes reciban la mejor atención posible y que continúe el tratamiento, pero “para eso tampoco tenemos presupuesto y la ley no nos da”, finalizó.
Camas psiquiátricas con 75% de ocupación
Al debate sobre la ley de salud mental, se sumó el director Provincial de Salud Mental de Misiones, Nicolás Aranda quien, al ser consultado por FM 89.3 Santa María de las Misiones, explicó que en el caso de la provincia, son cuatro los establecimientos que brindan servicio de internación en caso de urgencias psiquiátricas: el Hospital Madariaga, el SAMIC de Oberá y el SAMIC de Eldorado (que funcionan con una guardia pasiva de psicólogos e internaciones breves); y el Hospital Carrillo que cuenta con guardia psiquiátrica, pero que tiene el 75% de ocupación al día de hoy.
“Las camas del Carrillo están ocupadas por pacientes que ya estaban previos a la ley cuando esta unidad era monovalente, son personas que quedaron abandonadas por familiares, no tienen referentes, viven en el hospital y a nosotros nos queda brindarles dignidad. Después, tenemos seis camas en Eldorado y en Oberá otras diez”, indicó.
Asimismo, en los casos de internaciones involuntarias, “se requiere la asistencia de la fuerza pública, es decir la policía que realiza el traslado para la internación para evitar riesgo de fuga o situaciones donde corra riesgo el paciente”, afirmó.
En ese marco si bien admitió que el personal policial no está instruido específicamente para esa labor, afirmó que “es proyecto de nuestra gestión realizar capacitaciones para que haya cada vez más personal capacitado”. También que, en este momento, desde el área de Salud Mental están proyectando una capacitación para el Servicio Penitenciario.
Por su parte, todo el proceso es diferente en el caso de las internaciones voluntarias (generalmente vinculadas a los intentos de suicidio), donde “mediante una entrevista con profesionales, se acuerda que lo mejor para el paciente es la internación con fines terapéuticos, y se lo interna trabajando también con su familia”, finalizó.
La entrada Salud mental: “La ley nos impide llegar a tiempo y el paciente termina delinquiendo” se publicó primero en Primera Edición.